Nos Dispararon Como a Animales: Noviembre Negro y el Gobierno Interino de Bolivia
Resumen Ejecutivo
Tras las controvertidas elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, Bolivia ha sufrido un aumento de violaciones de derechos humanos. El 12 de noviembre de 2019, con el mandato de restaurar la paz y convocar nuevas elecciones, Jeanine Áñez Chávez se convirtió en presidenta interina de Bolivia. Sin embargo, bajo su gobierno, la violencia promovida o respaldada por el Estado, la limitación de la libertad de expresión y las detenciones arbitrarias, han contribuido a un clima de terror y desinformación que ha socavado el Estado de derecho y el prospecto de unas elecciones justas y abiertas.
El 15 de noviembre de 2019, tres días después de que el gobierno interino tomara el mando, las fuerzas del Estado abrieron fuego contra una marcha que pasaba por la ciudad de Sacaba, dejando al menos once muertos y 120 heridos. Todos los asesinados y heridos eran civiles indígenas. Ningún policía o soldado resultó herido. En respuesta, la presidenta interina Áñez aprobó el decreto 4078, que concedía inmunidad a las fuerzas de seguridad, provocando una condena generalizada por parte de la comunidad internacional.1
Cuatro días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, soldados dispararon contra manifestantes y transeúntes en el exterior de la planta de gas de Senkata, en El Alto, matando al menos a 11 personas e hiriendo a mas de cincuenta. De nuevo, todas las víctimas eran civiles indígenas, y ningún policía o soldado sufrió heridas de bala. El gobierno interino afirmó que los civiles, y no las fuerzas del Estado, habían sido los responsables de la violencia en Senkata.
En las semanas posteriores a estas matanzas, las fuerzas de seguridad –a menudo, en colaboración con grupos paraestatales– se presentaron en vecindarios, hospitales y escuelas cercanas al lugar de la matanza, donde acosaron, golpearon y detuvieron a habitantes de la zona. Por ejemplo, la policía arrestó a Kevin Calle Frauz, un niño con discapacidad, junto con su hermano y hermana, acusándolos de terrorismo por, según los hermanos, haber pasado por el barrio equivocado. Los tres fueron torturados bajo custodia. La policía también arrestó al artista Leonel Pajsi por sedición, por haber llevado panfletos en su mochila en los que se leía, “Flores para la oligarquía y balas para el pueblo” y “Nosotros somos el pueblo.”
Desde la matanza de Sacaba y Senkata, el gobierno interino ha continuado persiguiendo a aquellos considerados críticos opositores de la administración de Áñez. En noviembre, la entonces Ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga, afirmó que el gobierno había identificado a los periodistas sediciosos y amenazó con emprender acciones contra ellos. Posteriormente el gobierno ha cerrado medios de comunicación que le criticaban, y la policía ha atacado y detenido a periodistas y a aquellos con una relación tangencial con la prensa. Por ejemplo, la periodista Alejandra Salinas fue detenida y acusada de sedición tras haber escrito un artículo en línea en el que condenaba al gobierno. Orestes Sotomayor Vásquez también fue detenido y acusado por el gobierno por ser el dueño del dominio de la página web que publicó dicho artículo.
Algunos miembros del gobierno interino, incluida Áñez misma, han difamado públicamente a defensores de derechos humanos y rivales políticos, sobre todo a aquellos pertenecientes al partido Movimiento al Socialismo (MAS), refiriéndose a ellos como “indio(s)” y “animal(es)” e insinuando que son violadores. Además, el gobierno interino ha acusado a numerosos ex políticos de crímenes de vaga definición, como sedición y terrorismo. Solo a principios de 2020, más de 100 políticos del MAS habían sido detenidos o acusados, y casi 600 funcionarios o familiares de estos se encontraban bajo investigación, lo que dio lugar a declaraciones públicas de algunos representantes de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana en las que expresaban su preocupación.
Grupos civiles alineados con el gobierno también han atentado contra los derechos humanos, a menudo con el apoyo de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, manifestantes anti-MAS secuestraron a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, arrastrándola por la calle, tirándole pintura roja, cortándole el cabello y obligándola a condenar al partido MAS. La Comisión Interamericana concedió medidas cautelares a la alcaldesa Arce, exigiéndole al gobierno interino su protección. En cambio, la administración de Áñez le acosó, acusándola de sedición y de haberse secuestrado a sí misma.
En respuesta a estos abusos, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard ("IHRC o la "Clínica") y la Red Universitaria por los Derechos Humanos han llevado a cabo una investigación independiente de seis meses, durante la cual entrevistaron a más de 200 víctimas, testigos, periodistas y funcionarios, documentando así la represión acontecida desde que el gobierno interino llegara al poder en noviembre de 2019. Esta investigación ha identificado cuatro áreas concretas en las cuales las autoridades han violado los derechos humanos de ciudadanos bolivianos y extranjeros.
1. Violencia de Estado contra manifestantes: En Sacaba y Senkata, el uso de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas bolivianas, contra manifestantes pacíficos o desarmados y otros civiles, constituye una violación directa del derecho a la vida. Según testigos en ambas ubicaciones, las fuerzas de seguridad abrieron fuego –sin aviso previo– contra civiles desarmados, incluidos aquellos que estaban ayudando a los heridos. Las fuerzas de seguridad también golpearon a los manifestantes, haciendo uso de un lenguaje racista y anti-indígena mientras los atacaban. El patrón en el que policías y soldados, de forma intencional o por negligencia, dispararon y mataron ciudadanos sin ningún tipo de restricción, sugiere que estos llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales.
2. Falta de investigaciones imparciales y acceso a la justicia: Cuando un Estado sabe, o debe saber, que una ejecución ilegal ha ocurrido, este está obligado a llevar a cabo una investigación rápida, efectiva, imparcial y trasparente. Bolivia no ha cumplido aún con sus obligaciones respecto a las matanzas de Sacaba y Senkata, u otras violaciones de derechos humanos que se han venido dando desde noviembre. El equipo de IHRC ha documentado multitud de obstáculos alarmantes que han debilitado investigaciones exhaustivas, como la manipulación de evidencias, irregularidades en autopsias, fiscales saturados de trabajo y sin medios, la negativa por parte de funcionarios públicos a proporcionar información, y amenazas a testigos. Estas obstrucciones debilitan la justicia para las víctimas y crean un clima de impunidad en Bolivia.
3. Persecución de los disidentes: La libertad de asamblea, asociación, y expresión son pilares fundamentales de una democracia funcional. Según los testigos, el gobierno de Áñez ha continuado debilitando estos derechos desde noviembre de 2019. Algunos funcionarios han amenazado a periodistas, cerrado medios de comunicación opositores, torturado y arrestado de forma arbitraria a activistas, y han acusado a oponentes políticos con delitos imprecisos como "sedición" y "terrorismo." Estos ataques han creado un clima de terror en muchas comunidades bolivianas, suscitando inquietudes sobre la posibilidad y compromiso de llevar a cabo unas elecciones justas y libres.
4. Violencia ciudadana y paraestatal en Bolivia: Los miembros del Estado no son los únicos que han violado los derechos humanos en Bolivia. Algunos ciudadanos se han organizado en grupos de vigilancia parapolicial, emprendiendo acciones policiales con la aprobación del Estado y llevando a cabo ataques contra oponentes políticos. A menudo, estos grupos han colaborado de forma directa con las fuerzas de seguridad al cometer abusos, aumentando así las dudas sobre si estos han estado actuando como grupos paraestatales. El derecho internacional afirma que los gobiernos pueden ser considerados responsables por las acciones de entidades privadas que han sido respaldadas o consentidas por dicho gobierno.
En base a estas violaciones, el IHRC ofrece las siguientes recomendaciones preliminares que, aplicadas correctamente, podrían ayudar al gobierno interino a cumplir con las obligaciones legales nacionales e internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia. El apartado VIII de este informe ofrece recomendaciones más detalladas y señala al gobierno y las instituciones internacionales que mejor pueden abordarlas.
Al gobierno interino de Bolivia:
1. Investigar las violaciones de derechos humanos: El gobierno interino de Bolivia debe investigar las matanzas de Sacaba y Senkata, las detenciones arbitrarias, la siembra de evidencias contra detenidos, y otras violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por los miembros del Estado desde la venida al poder del gobierno interino.
2. Facilitar las investigaciones imparciales: El gobierno interino boliviano debe asegurarse de que las fuerzas armadas, la policía, los fiscales departamentales, y los grupos
paraestatales suspendan toda forma de intimidación de testigos, garantizando que ningún individuo será objeto de represalias por el hecho de haber testificado. Los fiscales del Estado deben establecer medidas para proteger a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos bajo investigación.
3. Exigir responsabilidades por las violaciones de derechos humanos: El gobierno interino de Bolivia debe hacer que aquellos que hayan atentado contra los derechos humanos respondan ante la justicia, absteniéndose de ofrecer amnistía mediante cualquier ley. Los casos en los que haya soldados implicados, no pueden estar bajo la jurisdicción de tribunales militares.
4. Compromiso por la libertad de expresión: El gobierno interino boliviano debe reiterar y demostrar su compromiso por respetar y defender el derecho de los medios de comunicación a publicar sin miedo a la represión, por medio, en primer lugar, de la liberación de todos los periodistas y defensores de los derechos humanos detenidos bajo los cargos de sedición o terrorismos y en segundo lugar, por medio de la reapertura de los medios de comunicación que fueron cerrados por el gobierno.
5. Desvinculación de grupos paraestatales: El gobierno interino boliviano debe enfatizar la ilegalidad de los grupos paraestatales, motivar su disolución y asegurarse de que toda vinculación con el cuerpo policial queda disuelta.
6. Celebrar elecciones libres y justas: El gobierno interino debe mantener su compromiso
de celebrar elecciones presidenciales libres y justas lo mas pronto posible.
A la comunidad internacional:
1. Condena de las violaciones de derechos humanos: La comunidad internacional debe condenar las matanzas ocurridas en Sacaba y Senkata, junto con otras violaciones de derechos humanos ocurridas bajo el mandato del gobierno interino, además de detener cualquier ayuda económica o política si los abusos continuasen.
2. Exigir la celebración de elecciones libres y justas: La comunidad internacional debe exigir la celebración de elecciones libres y justas tan pronto como sea posible y denunciar la persecución de actores políticos y sus simpatizantes.
