Las Desapariciones en México
México y Estados Unidos, 2 de octubre de 2024. En el marco de la conmemoración del 2 de octubre y a un día del inicio del mandato de la primera presidenta de México, University Network for Human Rights (UNHR) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación (Fundar) presentamos nuestro informe “Las desapariciones en México: Impunidad activa, y obstáculos en materia de justicia y búsqueda”. Este documento presenta un análisis actual de la situación en México, con énfasis en los desafíos para tener acceso a la justicia, principalmente en lo relacionado con investigación y búsqueda. En el contexto de impunidad que impera en México, llamamos a la creación de un mecanismo híbrido de justicia en materia de desapariciones, conformado por actores nacionales e internacionales.
Desde hace casi dos décadas, México está inmerso en una profunda y severa crisis en materia de derechos humanos, que deriva principalmente de la violencia asociada a la estrategia de seguridad militarizada y al combate en la llamada “guerra contra el narcotráfico”. La crisis se ha agudizado por la impunidad activa y la falta de respuesta efectiva del Estado para enfrentarla. Este complejo fenómeno constituye el desafío más grave en la materia que enfrentará la nueva presidenta de México. A la fecha, al menos 115,275 personas se encuentran desaparecidas de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); de ellas, aproximadamente el 85% ocurrieron a partir de diciembre de 2006.
“Elaboramos este informe como homenaje a las cientos de miles de víctimas directas e indirectas de las desapariciones en México, y como reconocimiento a su incansable labor. Reconocemos su trabajo y el impacto de su lucha en contra de la ausencia y el olvido”, indicó James Cavallaro, Director Ejecutivo de UNHR.
Fundar y UNHR hemos identificado la existencia de un marco institucional permisivo de la perpetuación de dinámicas de violencias y violaciones a los derechos humanos que ha llevado a una “impunidad activa”. La cual no deriva únicamente de la ausencia de capacidades de las instituciones, sino de “una estructura de intereses que se benefician de la manipulación del proceso de la aplicación de la ley”. Nuestro informe analiza el fenómeno de desapariciones en México a la luz de este fenómeno, que –además de permear la respuesta estatal– afecta su administración e impartición de justicia, y reproduce e incentiva la comisión de estos crímenes.
En este escenario, evidenciamos la falta de voluntad estatal en la búsqueda e investigación, donde las víctimas y familiares se enfrentan a un sinnúmero de desafíos estructurales y sistémicos en el acceso a la justicia en los tres niveles de gobierno, que se acentúan en un marco de actuación estatal caracterizado por una complicidad entre autoridades y delincuencia organizada. La inacción y falta de capacidad del Estado ocasiona que las y los familiares de personas desaparecidas se vean obligados a asumir los deberes del Estado en materia de investigación y búsqueda —ya sea de manera individual o colectiva, y con impactos agravados y diferenciados para las mujeres. Quienes, no solo padecen el trauma de la desaparición y la ruptura que este crimen ocasiona en todos los ámbitos de su vida, sino que se convierten en víctimas directas de la discriminación sistemática que impera en las instituciones del Estado.
Principal recomendación
Con base en lo anterior, urgimos a la creación de un mecanismo híbrido de justicia en materia de desapariciones, conformado por actores nacionales e internacionales. Su establecimiento permitiría contar con la labor de personal técnico con reconocimiento internacional, y con el entendimiento de la normativa, procedimientos y contexto mexicanos por parte de las autoridades nacionales respectivas.
“La iniciativa, a su vez, responde a las inquietudes de diversos sectores sobre el involucramiento exclusivo de instituciones internacionales en la administración de justicia en México”, señaló Humberto Guerrero, Coordinador de Derechos Humanos de Fundar. “Ante la falta de respaldo y confianza por parte de la sociedad y las víctimas en la labor del Estado, las investigaciones realizadas por un mecanismo internacional, pero en colaboración con autoridades nacionales, pudieran contar con una mayor legitimidad”, añadió.
“Este mecanismo híbrido ofrece una clara alternativa para alcanzar justicia por parte de miles de víctimas y familias en México. Sin este, la justicia y verdad de estas personas se encuentra subordinada a poderes de facto —como el poder político, la delincuencia organizada y las Fuerzas Armadas en México”, refirió Sofía Galván, Asesora Senior de UNHR.
UNHR y Fundar confiamos que las conclusiones y principales recomendaciones contenidas en nuestro informe, podrán dar mayor claridad sobre la problemática presentada en la materia, así como sentar las bases para la posible implementación de un mecanismo híbrido extraordinario.
Papel de la nueva administración encabezada por Claudia Sheinbaum
La actual presidenta de México tiene una invaluable oportunidad para el establecimiento de acciones dirigidas a dar un tratamiento digno, respetuoso de derechos y que se basen en los mayores estándares de protección. En el alarmante escenario descrito, UNHR y Fundar urgimos a la administración entrante a reconocer la magnitud de la problemática. De igual manera, llamamos a que Claudia Sheinbaum presente lo antes posible una estrategia clara para poder enfrentar una situación que demanda un tratamiento prioritario e impostergable.
